Una familia conocida, una pelea por herencia e identidad

La historia de Alejandra Bichara Tiene dos fallos judiciales a favor, pero el Estado insiste para que dejen vacante la sucesión. 

El apellido Bichara es muy conocido en Roca. El recuerdo de la farmacia que durante décadas funcionó en Tucumán y Buenos Aire ofrece una imagen cercana para muchos vecinos de la ciudad.
Por eso, la historia de Alejandra captó la atención durante esta semana, luego de un nuevo fallo judicial relacionado con la herencia de esa familia integrada por cinco hermanos.
Desde marzo del 2015 Alejandra libra una batalla legal contra el Estado rionegrino.
Ella habla de su derecho a la identidad y a la pertenencia a la familia que la cobijó cuando era muy chica. Y habla también de intereses diferentes del otro lado. “’Es evidente. Buscan algo más. De otra manera no se explica que no hayan respetado ni siquiera el luto después de la muerte de mi tío. En menos de una semana la Fiscalía de Estado ya había iniciado acciones para que se declare la herencia vacante”, explicó la mujer, que se desempeña como abogada de AFIP en Neuquén.
Alejandra es hija adoptiva de Mafalda. De los cuatro hermanos de su madre, Eduardo fue el último que falleció. Eso ocurrió el 24 de febrero del 2015. Salvo Mafalda, ninguno había tenido hijos, por lo tanto Alejandra aparecía como la única heredera.
Pero ese proceso, que era lógico y de sentido común para ella, se enfrentó rápido con dos obstáculos.
El 3 y el 4 de marzo siguientes un abogado particular y representantes de la Fiscalía de Estado de la Provincia iniciaron sendos procesos judiciales de sucesión, exigiendo que se declare la herencia vacante. Y para fortalecer su posición, buscaron un dato que aparecía bien atrás en la historia: Alejandra había sido unida a la familia por adopción simple y no plena.
“No debe haber antecendetes de algo similar. El abogado es alguien que me conoce desde chica, porque incluso fui al colegio con su hija. Pero igual decidió presentarse como acreedor. De todas maneras, lo más preocupante es lo que hizo la Fiscalía de Estado. No había pasado una semana y estaban en la Justicia, demostrando que tenían mucha información mía y de mi familia”, relata Alejandra.

Dos sentencias
La disputa de Alejandra contra el Estado empezó a dirimirse el 20 de febrero de este año, cuando la jueza civil Andrea De la Iglesia falló a su favor y la declaró heredera única y universal de Eduardo, en representación de Mafalda.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado apeló y la causa llegó a la Cámara Civil, que a principios de junio emitió una sentencia en igual sentido.
Los jueces Gustavo Martínez y Nelson Walter Peña conformaron la mayoría que determinó que “la familia no se define por el ADN sino por el afecto”.
Ese voto mayoritario concluyó que aún aplicando el Código Civil anterior, otros principios del Derecho y normas de jerarquía superior permitían reconocer a Alejandra como heredera. “Hay que hacer hincapié en que la familia, luego de la persona humana, resulta el fin principal del Estado y su protección debe constituirse en interés primordial del ordenamiento jurídico”, sostuvieron.
Los magistrados invocaron normativa internacional de Derechos Humanos y el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que asegura “la protección integral de la familia”. Pero el argumento central lo encontraron en la Constitución de Río Negro, que en su art. 31 sostiene: “El Estado protege a la familia, como célula base de la sociedad, establecida, organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el logro de sus fines culturales, sociales y económicos”.
Ese artículo “no deja duda alguna respecto a que el concepto familia no se define por el ADN sino por el afecto, dando plena cabida a la familia actual, en la que la consanguinidad y los certificados ceden, para comprender y hasta privilegiar en ciertos casos las uniones convivenciales, las adopciones sin distingo alguno y otras situaciones”, sostuvo el voto mayoritario.
Los representantes de Fiscalía de Estado volvieron a presentarse en los tribunales de Roca la semana pasada, para interponer un recurso de casación. Si esa acción es admitida, la próxima palabra la tendrá el STJ.
Y luego de la difusión pública del caso, esta semana aseguraron que no hay intereses ocultos y que sólo buscan cumplir con el rol institucional que tienen asignado.

“El único interés perseguido es que se cumpla con la ley”

Desde Fiscalía de Estado aseguraron que en el caso Bichara “el único interés perseguido es que se cumpla con la ley, que es la función como abogados del Estado rionegrino”.
“La ley dispone que ante el fallecimiento de una persona sin herederos los bienes pertenecen al Estado”, recordaron.
“Para ser heredero de alguien existe un régimen legal y dicho régimen no la reconocía al momento del fallecimiento. Tan es así que la sentencia de cámara el Dr. Soto resolvió a favor de la Provincia y mas aún, el STJ en este mismo expediente resolvió que la Fiscalía tiene legitimación -es decir- una legítima expectativa en la defensa de un derecho del Estado Rionegrino. Es decir, estamos ante un debate que no se encuentra cerrado, y la función del Fiscal de Estado es defender los intereses de la provincia, no juzgar”, indicaron en un parte oficial.
“De no haber actuado así, y existiendo ya el proceso iniciado por el abogado particular estaríamos en el mismo debate y la Fiscalía denunciada por incumplir los deberes como funcionarios públicos, no al contrario como se pretende hacer ver”, afirmaron desde el organismo que conduce Julián Fernández Eguía.

Los diferentes tipos de adopción

La “adopción simple”, a diferencia de la “adopción plena”, sólo genera -en principio- un vínculo de parentesco legal entre la persona adoptada y el adoptante, pero no extiende ese vínculo jurídico al resto de la familia biológica de este último.
Es por eso que en el caso de Alejandra una de las partes niega la existencia de derechos sucesorios respecto de su tío.
Desde el Poder Judicial se explicó que en materia de sucesiones, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación vino a flexibilizar esa limitación, pero esa norma no se encontraba vigente al momento de la muerte de Eduardo Bichara.
Por eso se resaltó que “tras un profundo análisis del caso, tanto la jueza de Primera Instancia como la Cámara (por mayoría) concluyeron que más allá del texto de la ley correspondía proteger “el concepto familia” en un sentido constitucional, más amplio y actual, reconociendo la historia afectiva de la mujer con su madre adoptiva, su abuelo y sus tíos por adopción, rechazando así la pretensión de la Fiscalía de Estado”.

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