Editorial: Droga, urnas y un acuerdo necesario

Una primera reacción cargada de suspicacia aparece en el camino de los operativos de la semana pasada que permitieron secuestrar una inédita cantidad de droga en Roca.

Nunca antes hubo una semana tan efectiva para los investigadores policiales y sus autoridades políticas. Y resulta imposible pasar por alto que el éxito llegó en las horas previas a las elecciones nacionales, en las que gobernador y ministro de Seguridad y Justicia de la provincia formaron parte de las listas de candidatos.

Claramente, es preferible tener dudas por ese eventual rédito electoral buscado con los procedimientos que sospechar por la inactividad estatal ante las bandas de narcos que despliegan sus redes en los barrios de la ciudad.

Como sea, lo relevante es que Roca tuvo una prueba contundente sobre la magnitud del problema originado por el tráfico de drogas.

Ya no es menudeo. Ya no es un kiosco. Ya no es una cuadra controlada por un grupo. En una vivienda de la zona sur incautaron 29 kilos de cocaína de alta pureza proveniente del cartel de Sinaloa. Y apenas horas después apareció otro kilo de cocaína y 12 de marihuana en allanamientos que se extendieron hasta Villa Regina.

Si algo faltara para confirmar que el acopio, distribución y venta es un sistema enraizado en la ciudad, basta con repasar las declaraciones de los propios vecinos de Chacra Monte que aparecen en la página 20 de esta edición de “La Comuna”.

“Hoy se llevaron 29 kilos y mañana entran 30”, dijo una mujer sobre una convivencia nociva que aparece naturalizada.

Ver más: Chacra Monte: “hoy se llevaron 29 kilos de cocaína, mañana están entrando 30”

Mientras esto ocurre, la política sigue jugando su partido fácil y de escaso vuelo.

Volvieron a viralizarse las fotos de la intendenta electa, María Emilia Soria, con un miembro de la familia Montecino de Cipolletti, involucrados otra vez en los allanamientos de la semana pasada, como si una imagen tomada en un acto de campaña sea la prueba irrefutable de nexos con acusados de narcotráfico.

Como primer paso, el oficialismo provincial debería ubicar en tiempo y espacio a esos militantes, que demuestran una mala memoria selectiva y no reparan en fotos con personajes acusados de graves delitos que tienen varios dirigentes de Juntos, desde el gobernador para abajo.

Y en segunda instancia, el gobierno debería dejar de perder tiempo y convocar al municipio a una reunión para tomar medidas preventivas en conjunto.

La jefa comunal electa ya dijo en su campaña que está a favor de la puesta en marcha del Consejo de Seguridad Ciudadana, una iniciativa que meses atrás llevaron al Concejo dirigentes del partido provincial.

¿Para qué esperar al cambio de gobierno en diciembre?

Los trazos de ese organismo podrían estar definidos desde ahora, para tener cuanto antes una política definida que permita sumar esfuerzos entre ambas estructuras y contar rápido con herramientas que fijen límites al narcotráfico.

  • La intendenta electa está a favor del Consejo de Seguridad. ¿Para qué esperar a diciembre?

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