Editorial: la encrucijada de la UNRN

El nivel de violencia y el escaso interés por preservar el ámbito en el que trabajan o cursan quedó a la vista de todos esta semana.

Pero los protagonistas de la toma del Vicerrectorado de la UNRN emitieron otras señales, no advertidas por la mayoría y que ayudan a entender por qué un conflicto que empezó hace 65 días se retroalimenta en forma constante.

La información surgió ayer de fuentes judiciales, en medio de las repercusiones por los desmanes del miércoles en el edificio Valle Fértil. Y advierte que la orden de desalojo de la Casona histórica de Belgrano y Canalito no quedó firme porque la Cámara Federal desestimó agravios de las defensas de las dos docentes procesadas, sino porque simplemente esa parte del fallo de primera instancia nunca fue apelada.

Las fuentes sumaron un elemento de contexto: lo mismo ocurrió el año pasado, durante la toma del Decanato de la Fadecs.

Entonces, un eventual desalojo por la fuerza pública ¿es asumido por el grupo que usurpó la UNRN como un riesgo o como una oportunidad de erigirse como mártires entre sus pares?

El Juzgado Federal tiene desde el miércoles la pelota en su campo y hasta ayer la imagen que transmitía era la de un poder ante una encrucijada.

Por un lado, la letra de la ley y del propio fallo inicial que anticipó que en caso de quedar firmes los procesamientos, se avanzaría con el desalojo.

Por el otro, un pequeño grupo que no desconoce el desafío que significa para la Justicia llevar adelante un procedimiento de desalojo sin excesos de parte de las fuerzas de seguridad. Y al mismo tiempo, el pedido de las autoridades de la UNRN, que ayer plantearon la necesidad de un “desalojo pacífico”.

La propia casa de estudios quedó también en una posición compleja, porque salió a celebrar la actitud de la comunidad universitaria que el miércoles echó a los manifestantes de la sede Valle Fértil. Sin dudas esa reacción tiene explicación en el hartazgo por la toma, pero no puede dejar de observarse que faltó poco para que el informal operativo terminara con agresiones físicas. Violencia sobre violencia. Nada bueno como saldo.

El gran dilema de estas horas es encontrar el método para salir del conflicto.

El diálogo está quebrado desde el 30 de octubre y más allá de las declamaciones de los 12 estudiantes y dos docentes, esta semana quedó bien claro que no es la primera opción que manejan para expresarse.

Pero las autoridades universitarias no quieren fuerzas de seguridad dentro de sus edificios, aunque la Ley de Educación Superior habilita el ingreso en caso de mediar “orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Mientras ese lento debate se desarrolla, el grupo radicalizado avanza con sus acciones y provoca daños institucionales y económicos de magnitud. A la universidad en primer lugar, pero también a todos los que pagan impuestos para sostenerla.

  • Desde la Justicia surgió un dato inquietante: las imputadas apelaron todo menos la orden de desalojo.

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