Editorial: Ruta 22, ningún pan bajo el brazo

Nueve meses se cumplirán el lunes desde que se realizó la audiencia pública por el futuro de la Ruta 22. Pero lejos están los padres de la criatura de alumbrar un proyecto definitivo.

Desde aquél 31 de agosto hasta estas vísperas de mayo, poco y nada se avanzó para armonizar una idea que conforme a la mayoría de los valletanos.

Y fue así, esencialmente, porque la política nunca supo dejar de lado las rivalidades coyunturales en pos de una política de Estado relacionada con el desarrollo económico, productivo y urbano de la región.

Las disputas del momento, mirando de reojo el calendario electoral, siempre pudieron más que la necesidad de diseñar una ruta segura y adaptada al crecimiento del norte de la Patagonia.

De esta manera, los movimientos del proyecto fueron por espasmos. Reuniones entre Nación y Provincia, entre Nación y las entidades intermedias de Roca, entre las entidades y el gobierno roquense… nunca todos juntos.

La falta de ánimo para debatir en profundidad y despojados de las banderas partidarias hizo que se escurrieran 270 valiosos días, en los que miles de personas tuvieron que seguir subiendo a la Ruta 22 sin saber si llegarían a destino o pasarían a formar parte de la larga lista de víctimas de siniestros.

Esa incapacidad o falta de voluntad para resolver el dilema quedó a la vista de manera contundente esta semana, cuando se supo que la Provincia emitirá una resolución ambiental favorable para la construcción de la autopista en el Alto Valle, salvo para los dos kilómetros ubicados entre los cruces de Mendoza y San Juan, en Roca.

Nueve meses después, el organismo responsable de definir sobre el impacto del proyecto les dice a los roquenses que tomó una decisión, pero no sobre el tramo que precisamente fue el que motivó el amparo del municipio y la resolución judicial que ordenó la audiencia pública. ¿Cuánto más hay que esperar? Nadie lo sabe. Mientras tanto, la ciudad verá más acciones individuales. Más diálogo de sordos.

Sin respuestas a las tres notas enviadas a Vialidad Nacional desde el 2016 a la fecha, el intendente Martín Soria tiene decidida la instalación de semáforos en los cruces principales de acceso a Roca.

La instrucción para la Asesoría Legal del municipio es agotar la vía administrativa y de persistir el silencio del organismo responsable de la ruta, avanzar con las obras.

Se abrirá allí otro dilema para el gobierno nacional: puede denunciar al intendente por esa acción no permitida por las leyes, pero también alimentar un conflicto en el que rápidamente serían acusados de perseguir al candidato opositor a la gobernación. Un toma y daca permanente.

La política, entretenida. Los usuarios de la ruta, convidados de piedra en una historia sin final a la vista.

  • La falta de ánimo para debatir en profundidad y despojados de las banderas partidarias hizo que se escurrieran 270 valiosos días.

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