Editorial: usuarios ante el fuego cruzado

Pocas posiciones deben ser tan incómodas como la que ocupan por estas horas los usuarios del servicio de colectivos urbanos.

Nadie ofrece amparo ante la posibilidad de un doble aumento en las tarifas que pagan para movilizarse entre los barrios y el centro. Por el contrario, asisten sin voz ni voto a una batalla de palabras en la que pocos argumentan con los trabajadores y estudiantes como bandera.

La mayoría habla en defensa de sus intereses sectoriales, con posturas que reflejan una intención primaria de atacar al adversario político, por encima de la búsqueda urgente de un camino con la menor cantidad de espinas posibles para los 11.000 roquenses que dependen del sistema.

Si la especulación no dominara el escenario sería mucho más clara la postura del gobierno municipal sobre el pedido concreto de la empresa 18 de Mayo de aumentar ahora las tarifas, para poder pagar el aumento de 5,7% comprometido a sus empleados.

El paro nocturno de los choferes cumplió dos semanas y hasta el momento nadie sabe qué piensan las autoridades locales sobre el tema. Un silencio preocupante, porque denota cierta evasión a la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno cuando el tema de interés es sensible al humor social.

De esta manera, la única información sobre las negociaciones para ese eventual aumento de fin de año llegó a través de voceros de 18 de Mayo, que por ser parte interesada no permite conocer un panorama completo del escenario.

El oficialismo local sí habló sobre el otro costado del conflicto, el más grave por cierto, relacionado con la quita de subsidios. Vía Concejo Deliberante, se insistió en el pedido de un fondo compensador a la Provincia.

Y desde Viedma reaccionaron rápido, ratificando que no habrá asistencia de ese tipo porque la concesión es municipal y por lo tanto es responsabilidad de la jurisdicción roquense.

Un exceso de formalismo, que en realidad esconde otras dos razones, económicas y políticas: la Provincia no tiene fondos para cubrir el subsidio y si los tuviera, no tiene ganas de librar al intendente Soria de ese costo.

Porque al fin y al cabo, el subsidio vigente hasta ahora cubría con recursos nacionales las responsabilidades provinciales (en los servicios interurbanos) y municipales (en los urbanos).

En otras palabras, el gobierno de Weretilneck no decía nada mientras Nación financiaba el transporte bajo responsabilidad provincial, pero ahora que le piden hacer lo mismo un escalón más abajo en la pirámide del Estado se aferra al concepto de los límites jurisdiccionales.

El dato novedoso de las últimas horas es que la Casa Rosada podría rever su drástica decisión y se atenuaría el impacto brusco en las tarifas.

De confirmarse ese cambio, la película podría tener un final menos duro y orientado a los intereses de los usuarios, que hasta ahora son convidados de piedra, salvo a la hora de pagar.

  • Nadie ofrece amparo ante la posibilidad de un doble aumento en las tarifas que pagan para movilizarse.

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