Fraude al Ipross: primer paso en falso para los siete imputados

La audiencia inicial en la Justicia no tuvo resultados positivos para los farmacéuticos involucrados. Fiscalía de Estado fue confirmada como querellante y se ratificó la validez de los allanamientos.

La Justicia tuvo por primera vez cara a cara a la mayoría de los sospechados de la millonaria defraudación al Ipross. Y el viernes volverá a recibirlos, para anunciarles si se hacen efectivos los embargos por 10 millones de pesos que reclamó la Fiscalía de Estado para cada uno de ellos.

La causa penal tiene siete imputados y fueron cinco los que se presentaron ayer a la extensa audiencia que se realizó hoy en los Tribunales de Roca.

Se trata de los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi, la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano y Cecilia Balladini, esposa de Caffaratti.

Los otros dos investigados son Raúl Mascaró y Marcela Gil, ambos farmacéuticos, quienes no alcanzaron a ser notificados y no estuvieron presentes en la Ciudad Judicial.

La abogada Patricia Espeche detalló que Mascaró había viajado a Buenos Aires ayer martes, “para hacer un descargo ante el Tribunal de Ética (de la Confederación Farmacéutica Argentina) y para pasar el Día del Padre junto a su familia”.

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“Cuando digo que se callen, se callan”

Una audiencia de siete horas, con un intenso debate entre las partes, fue la primera prueba de que el proceso judicial será prolongado y complejo.

La jueza Natalia González tuvo que intervenir en tono firme en más de una oportunidad para encauzar las exposiciones, principalmente de la abogada Espeche y de los representantes de Fiscalía de Estado.

El rol de estos últimos letrados marcó el primer punto de discusión esta mañana, porque la condición de querellante admitida a la Provincia fue cuestionada por la defensa.

“El Ipross tendría que estar sentado del otro lado”, afirmó Espeche, insistiendo en que la obra social no es víctima sino responsable -al menos en parte- de la supuesta defraudación denunciada.

Ese planteo no tuvo éxito, porque la jueza compartió el criterio de los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo, considerando que más allá de la posibilidad de tener funcionarios del gobierno imputados más adelante, el Estado tenía el derecho de impulsar la acción penal para que se investigue un eventual perjuicio en su contra.

Espeche tampoco tuvo resultados positivos en el segundo punto de controversia: la nulidad de los allanamientos.

La abogada aseguró que los fiscales no cumplieron con la orden de la jueza de garantías al secuestrar sólo algunas de las computadoras del Colegio de Farmacéuticos. También cuestionó la incorporación de material probatorio que no estaba como objetivo en la orden de allanamiento y dijo que se manipularon pruebas, porque el perito asignado siguió trabajando luego del horario de cierre oficial del operativo.

La magistrada desestimó esos argumentos. Recordó que en un sistema procesal penal adversarial cada parte debe producir su prueba y dijo que “si la Fiscalía elige secuestrar cinco, diez o ninguna de las computadoras es una decisión suya”.

“Para que haya una declaración de nulidad es necesario un perjuicio real”, insistió González antes de ratificar que no observaba la existencia de un interés procesal para declarar la exclusión de la prueba.

Finalmente llegó el turno de debatir las medidas cautelares que pidió la Fiscalía de Estado.

Los abogados de la Provincia reclamaron que se embarguen las sumas correspondientes a las cinco farmacias involucradas por las prestaciones realizadas al Ipross entre la segunda quincena de enero y la segunda quincena de abril. Ese camino permitiría -según se adelantó- destrabar el pago de unos 120 millones de pesos a los otros 265 prestadores de la provincia.

Luego de un cuarto intermedio se resolvió que -de aprobarse ese pedido- la medida alcanzará a los siete imputados, incluyendo a los dos farmacéuticos que hoy no estuvieron en la audiencia.

En tanto, la Fiscalía de Estado pidió que se tramite ante el Banco Central un embargo por 10 millones de pesos para cada uno de los imputados, sobre cualquier tipo de activo que tengan.

Por último, se solicitó una inhibición de bienes inmuebles y de automotores registrados en Río Negro por el plazo de seis meses.

Siete horas después de iniciada la audiencia y ante la necesidad de meditar esos reclamos, la jueza anunció que su decisión será informada el viernes a las 10.

Cómo se llegó a identificar a los sospechosos

La mayoría de las imputaciones se concretaron luego de que el Colegio de Farmacéuticos informara al Ministerio Público quiénes eran las personas físicas que cobraron cheques durante los últimos años, correspondientes a las farmacias involucradas en la denuncia penal.

De esta manera, la Justicia decidió citar a Fabio Cafaratti y su esposa, Cecilia Balladini, por la farmacia Tucumán; a Rodolfo Mastandrea por la farmacia Araucana; a Raúl Mascaró por la farmacia Santa Teresita; a Marianela Guidi y Marcela Gil por la farmacia Farmacentro.

La séptima imputada es la exauditora del Colegio, Sandra Fasano, cuya vivienda de Allen fue allanada horas después de la presentación de la denuncia.

Cabe recordar que el caso se reveló en marzo de este año, luego de la aparición de dos cajas con rectas del Ipross con troqueles sin tachar en la farmacia Farmacentro. El hallazgo fue protagonizado por uno de los nuevos dueños de ese comercio, que se vendió en el 2018.

Luego de una investigación preliminar, una comisión fiscalizadora interna del Colegio determinó que había graves inconsistencias en la facturación de cinco farmacias al Ipross. Con la sospecha de que durante años se cobraron medicamentos para diabetes y epilepsia que nunca llegaron a los afiliados, la comisión directiva de la entidad decidió denunciar el caso ante la Justicia.

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